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Tú acosas, yo acuso
El acoso sexual, producto del ejercicio abusivo del poder, lesivo para la dignidad de las personas y que victimiza
mayoritariamente a mujeres, se ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Relegarlo al ámbito privado aseguró que
las conductas que lo tipifican quedaran al margen de la responsabilidad colectiva. Próximamente, un proyecto de ley
destinado a su prevención y sanción ingresará a consideración parlamentaria. El texto fue aprobado en el seno de la
Comisión Tripartita para la Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo, lo que compromete la acción consecuente
de los diferentes actores que la integran: gobierno, empleadores y trabajadores.
ISABEL VILLAR
Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo,
no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su
situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para
quien lo recibe". Puede manifestarse a través de requerimientos de favores sexuales, acercamientos corporales o uso
de expresiones escritas u orales que resulten humillantes u ofensivas para quien las reciba.
Así tipifica el acoso sexual el anteproyecto de ley consensuado en la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades
y Trato en el Empleo, que funcionando en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cuenta con
representación gubernamental, de trabajadores y empleadores. Su objeto es prevenir y sancionar el acoso sexual que
se actúe en ámbitos laborales y educativos, protegiendo a las víctimas del mismo.
RESPONSABILIDADES
Pueden ser agentes y responsables del acoso empleadores o jerarcas que los representen en el ejercicio del poder de
dirección, tanto en el ámbito privado como público. El empleador también es responsable por los actos de sus
dependientes o personas vinculadas al lugar de trabajo o entidad docente, siempre que tuviera conocimiento de los
hechos y no haya tomado medidas para corregirlos. Pero las responsabilidades no se agotan en ellos: el Estado
también tiene su cuota parte como encargado de diseñar e implementar políticas de sensibilización, educativas y de
supervisión. La Inspección General del Trabajo (IGT), dependencia del MTSS, sería el órgano competente para realizar
el contralor del cumplimiento de la normativa.
LA DENUNCIA
Las personas afectadas podrán denunciar el acoso sexual ante las empresas u organismos del Estado, o directamente
ante dicha Inspección. A cargo de los primeros queda la investigación administrativa de los hechos denunciados, pero
cuando consideren que no están dadas las condiciones para asumir tales obligaciones podrán remitir la denuncia a la
Inspección, ante la cual también es posible que acudan trabajadoras, trabajadores y estudiantes si las conclusiones de
la investigación realizada por los empleadores o jerarcas docentes no les resultan satisfactorias. El mismo proyecto
prevé un procedimiento administrativo rápido, con amplias facultades de investigación y garantías de reserva y
confidencialidad.
A las sanciones legales que puedan corresponder a empresas u organismos que la Inspección considere incursos en
responsabilidad, pueden sumarse intimaciones para el cumplimiento de medidas de prevención y difusión de políticas
institucionales contra el acoso sexual.
Los sindicatos que reciban denuncias están facultados para acudir a la Inspección General del Trabajo, solicitar su
constitución en el lugar de los hechos y monitorear las diligencias que sean necesarias.
DAÑOS Y PERJUICIOS
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, las víctimas de acoso sexual tendrán derecho a
reclamar al responsable una indemnización por daño moral equivalente a seis sueldos mensuales, calculados de
acuerdo a la última remuneración que percibieran. También podrán considerarse indirectamente despedidas, en cuyo
caso les corresponderán doce sueldos calculados de igual forma por despido abusivo. En caso que el acoso se
produzca en ámbitos educativos, la indemnización se calculará de acuerdo al salario de quien resultara responsable del
mismo.
La protección de víctimas y testigos incluye el derecho a no ser objeto de despido ni de sanciones disciplinarias por
parte del empleador o jerarca.
El artículo 15 del proyecto, cuya inclusión fue exigida por los empresarios, contempla el supuesto de denuncias que no
logren probarse y de aquellas cuya falsedad sea intencional. Las primeras no afectarán la vigencia de la relación
laboral; las segundas serán pasibles de acciones penales y de la calificación de notoria mala conducta.
UN CONSENSO DIFICIL
La génesis del proyecto descripto se remonta al año 2006, cuando la Tripartita solicitó asesoramiento a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para su elaboración, quien designó a su asesora, la doctora Martha Márquez, para
realizar la tarea.
La discusión ya muy avanzada del texto original en una subcomisión, se interrumpió por la decisión de la representación
empresarial de no apoyar ningún proyecto relativo al acoso sexual.
Corría 2007 cuando las trabajadoras organizadas lograron comprometer a las cámaras empresariales en acciones
puntuales y en un estudio de caso con financiación de la OIT. Paralelamente, el interés de la senadora Margarita
Percovich por el tema movió el anteproyecto estancado que, con modificaciones sugeridas por la legisladora volvió a la
Tripartita en abril de 2008 y donde se resolvió retomar una discusión de la que surgió el actual proyecto de consenso.
El próximo paso es que el MTSS lo remita formalmente al Parlamento, previa consideración y firma de los ministerios de
Desarrollo Social y Educación: el primero por integrar la Tripartita y el segundo en razón de la materia docente.
La doctora Sara Payssé, directora Nacional de Empleo y coordinadora de la Tripartita, aseguró a La República de las
Mujeres que el proyecto tomará estado parlamentario en una o a lo sumo dos semanas.
ABUSO DE PODER Y CAMBIO CULTURAL
Mientras, la última versión del texto fue presentada en sociedad el pasado 14 de octubre por autoridades del primer
nivel gubernamental, acompañadas de representantes de los demás sectores de la Tripartita.
Para María Simón, ministra de Educación y Cultura, " abusar del predominio para invadir esferas de intimidad, es un
delito de lesa humanidad" en el que está incluido el acoso sexual como una de sus expresiones más degradantes.
Pero, "para que esta ley no sea teoría, hace falta un cambio cultural, que da trabajo pero es el que vale".
Su colega de Desarrollo Social, Marina Arismendi, está convencida de que "la sociedad es hipócrita respecto de estos
temas", aunque a tenor del consenso alcanzado en la Tripartita, " si las y los legisladores representan a sus mandantes,
tendrán que votar el proyecto", que ya recibió el beneplácito de la bancada del Frente Amplio. A Arismendi le preocupa
particularmente la difusión de la normativa, porque "Tenemos muchos derechos, pero hay una cantidad enorme de
compatriotas que no lo saben". Coincide con ella Mar-tha Márquez, que también condiciona a la difusión la eficacia de
las normas y la presidenta de la Vertiente Artiguista, diputada suplente Eleonora Bianchi, para quien "las leyes también
tienen el rol de educar" para asì " vencer las resistencias que forman parte de la cotidianeidad de la cultura nuestra".
HORA DE PAGAR LA DEUDA
Tanto Simón como Bianchi enfatizan que la sensibilidad a las necesidades de las personas y la voluntad política del
actual gobierno, hacen posible que el tema se pueda estar discutiendo en estos momentos. El subsecretario de Trabajo
y Seguridad Social, Jorge Bruni, reconoció que Uruguay " es un país que tiene déficit laboral práctico, pese a que se
trata de uno de los países con más convenios internacionales ratificados". Para el jerarca, el hecho de que el proyecto
haya sido consensuado entre los actores fundamentales de las relaciones laborales "facilita su aplicación", no obstante
lo cual "no debemos conformarnos con aprobar leyes": es necesario superar las carencias en materia de monitoreo de
la aplicación de las mismas.
Martha Márquez destaca del proyecto la inclusión de dos vertientes del acoso: el chantaje sexual ("si haces, te doy") y el
llamado acoso ambiental, que refiere a la creación de un ambiente de trabajo desagradable. También señala su opción
por la responsabilidad subjetiva del empleador o jerarca por hechos de sus dependientes (sólo si tuvo conocimiento de
los mismos y no hizo lo necesario para corregirlos), en desmedro de la responsabilidad objetiva: el empleador es deudor
de seguridad para las personas que emplee.
IMM PIONERA
La prevención y sanción del acoso sexual en el trabajo tiene antecedentes en la Intendencia Municipal de Montevideo,
que aprobó la primera reglamentación por decreto de la respectiva Junta Departamental en 1999, en el marco del primer
Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos para las capitalinas.
Allí se comenzó por la discusión de la normativa, sensibilización y capacitación desde un enfoque de género y
derechos, tareas en las que participaron tanto la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Recursos Humanos como
Adeom.
"Si te molesta es acoso. Si te molesta decilo", fue la consigna de la campaña de difusión de derechos, recuerda Elena
Ponte, coordinadora ejecutiva de la Secretaría de la Mujer de la comuna, para quien el acoso sexual es una forma de
violencia de género "que hace visible cómo se toma a la mujer como objetivo sexual". En la IMM se han denunciado,
comprobado y sancionado varios casos. En la mayoría las víctimas fueron mujeres, pero hubo alguna situación que
afectó a un varón. "La prueba es una de las trabas más difíciles de sobrellevar por las personas acosadas, porque el
acoso no se actúa en público", advierte Ponte.
RIESGOS PARA LA SALUD
Sobre cuáles son las consecuencias del acoso sexual en la salud de las y los trabajadores, ilustró el doctor Fernando
Tomasina, profesor encargado del Departamento de Medicina Laboral de la Facultad de Medicina de la Universidad de
la República.
"La violencia en el trabajo genera estrés que si se cronifica lleva al agotamiento físico y psíquico del individuo, con
distintas expresiones de malestar como ansiedad y angustia que pueden terminar en depresión", describe Tomassina,
consciente de que el temor al desempleo condiciona el aguante en silencio de estas situaciones.
El acoso sexual también atenta contra la necesidad de desarrollar trabajo decente, proclamada por la OIT, apunta el
experto, que previene contra nuevos riesgos derivados de nuevos modelos de trabajo que al fragmentar el mundo
laboral en segmentos no tan públicos, convierten lo colectivo en individual u oculto.
TRABAJADORAS: ES UN AVANCE
Ofelia Ogara, integrante del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT -organizador de la presentación pública
del proyecto de ley realizada en el Paraninfo de la Universidad de la República- llevó a ese emblemático recinto la
evaluación de las trabajadoras organizadas. Estas concluyen que "si bien no es el proyecto que queremos en el
movimiento sindical, consideramos que es un avance ante la situación que hoy existe en nuestro país, y una
herramienta que será efectiva en la medida en que los sindicatos se apropien de los elementos positivos de la misma y
la desarrollen".
Por la positiva identifican la mayor visualización del tema, que la normativa sea aplicable a ámbitos públicos, privados y
de enseñanza, la definición y extensión de la responsabilidad de los empleadores y la celeridad del trámite
administrativo y judicial cuando corresponda.
Entre los aspectos negativos, contabilizan que el acosador pueda ser despedido en el sector privado, y que las
consideradas falsas denuncias de acoso sean pasibles de acciones penales y de calificación de notoria mala conducta a
exigencia de la representación empresarial en la Tripartita.
EMPRESAS PIDEN GARANTIAS
Las Cámaras empresariales, por su parte, representadas en el Paraninfo por la doctora Laura Acuña, están satisfechas
con el proyecto logrado en la Tripartita, que a su juicio refleja su voluntad de negociar una ley que les diera garantías a
los empleadores. "Costaron mucho los acuerdos",reconoció Acuña, aclarando que el apoyo de este sector está
condicionando a que el texto acordado no se modifique en el camino parlamentario por entender que la ley que se
apruebe debe ser lo más precisa posible, para no dar lugar a diferentes interpretaciones.
Como quienes la precedieron en el uso de la palabra, Acuña valoró los consensos y particularmente que la Tripartita sea
un lugar donde es posible llegar a acuerdos, aunque se parta de distintos enfoques.
