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Trabajar acosado
Cada semana la Policlínica de Salud Ocupacional recibe tres consultas
de trabajadores que son maltratados, aislados o menospreciados en
sus oficinas. El mobbing es un fenómeno en expansión en empresas
públicas y privadas.
Eloísa capurro
Desde que el Ministerio de Trabajo comenzó a aceptar el acoso moral como un riesgo
más dentro del ámbito laboral, las denuncias han venido en aumento. Maltrato verbal y
físico, amenazas de despidos, aislamiento y degradaciones de cargo sin razón aparente
eran algunas de las cosas que trabajadores tanto del ámbito privado como del público
soportaban en silencio hasta entonces. En algunos supermercados los empleados debían
aceptar que sus ropas y objetos personales fueran revisados, llegando hasta el extremo
de desvestirlos, para evitar el robo de mercadería. En 2005, primer año que la Inspección
General de Trabajo analizó el tema, se recibieron 12 denuncias. Para 2007 la cifra escaló
a 24. Pero, según los expertos, los casos sin denunciar de mobbing o acoso moral en el
trabajo son muchos más. Un indicador de ello son las tres consultas semanales que la
Policlínica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina recibe por este tema.
Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el mobbing "es un
comportamiento irracional repetido, con respecto a un empleado, o a un grupo de
empleados, creando un riesgo para la salud y la seguridad". Es que, además de violar
derechos inherentes a la persona (como la dignidad o el derecho a un ambiente laboral
saludable) un repetido acoso en la oficina tiene sus efectos en la salud. Luego de seis
meses el trabajador puede sufrir de estrés, insomnio, problemas cardíacos, gastritis,
depresión y hasta pánico. "El acoso moral para ser definido como tal tiene que ser algo
sistemático y mantenido en el tiempo. Hay una medida operativa que son seis meses.
Luego de ese período los trabajadores adquieren algún tipo de patología. Eso no quiere
decir que un acto de violencia de un trabajador no esté violando su derecho de alguna
manera", opinó la psicóloga Silvia Franco, docente de la asignatura Psicología Laboral en
la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Un estudio hecho por ella en
2002 entre siete gerentes uruguayos víctimas de mobbing reveló que sólo uno de ellos no
presentaba efectos colaterales al maltrato. Los restantes habían sufrido problemas
cardíacos y respiratorios, eczemas en la piel, pérdida de peso, insomnio, angustia o
depresión.
Aunque ciertas situaciones personales pueden agudizar el efecto de esta situación, no
hay un perfil determinado para el acosado ni para el acosador. "Puede pasarle a
cualquiera. Hemos tenido consultas de profesionales, de personas en cargos de
decisiones. Pero generalmente el trabajador no se da cuenta hasta que la situación
repercute en su salud", explicó la doctora Elizabeth Cháves, de la Policlínica de Salud
Ocupacional. El objetivo del mobbing no está claro, pero en todos los casos el trabajador
siente que se trata de una acción deliberada y únicamente dirigida hacia su persona.
"Podría pensarse que si es un comportamiento deliberado, entonces el objetivo es que la
persona salga del ámbito de acción de quien está ejerciendo esa violencia. Pero no
necesariamente tenemos certeza de que sea un comportamiento deliberado", dijo Franco.
El mobbing afecta a todos los ámbitos laborales ya sean empresas públicas o privadas,
en cargos de alta jerarquía o en los escalones más bajos. Un estudio que la Facultad de
Psicología realizó desde 2004 hasta 2007 de forma voluntaria entre 500 trabajadores de
todos los sectores, reveló que 60 de ellos sufrían acoso moral en sus trabajos. Lo que sí
es común en las oficinas donde se practica el mobbing es que exista una fuerte
competitividad entre trabajadores, así como se exigen altos niveles de productividad. "Son
ambientes competitivos donde la presión de trabajo es muy importante y las relaciones no
son las mejores entre los diferentes trabajadores", explicó la psicóloga Franco.
De todas formas en la Policlínica de Salud Ocupacional y en el Pit-Cnt la mayor cantidad
de consultas han sido de personas que trabajaban en empresas públicas y más mujeres
que hombres. "Esto responde a una extrema competitividad generada por políticas de
gestión que son traspoladas de otros lugares sin que se haya calculado cuál era el capital
humano presente para establecer esas reformas. Entonces han sido llevadas adelante de
mala forma", dijo la abogada Ana Sotelo, docente de Derecho Laboral en la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República.
Pero no son estos los casos más denunciados ante el Ministerio de Trabajo. De los 24
denuncias que se recibieron el año pasado, sólo seis fueron desde empresas públicas.
Todos los demás fueron en ámbitos privados de diversos sectores: 11 pertenecieron a
comercios, dos a industrias y cinco al sector de servicios. Todos fueron en Montevideo.
Según la subinspectora general de Trabajo, Cristina Demarco, las oficinas del ministerio
en el interior no tienen todas las facilidades para recibir este tipo de reclamos. "Son
oficinas que tienen uno o dos administrativos. Algunas tienen abogados fijos, pero en
otras va un abogado desde Montevideo que tiene un cierto horario de atención. Además la
persona tiene que trasladarse hasta la sede del ministerio", señaló la jerarca.
Otra de las características de estas denuncias fue que, en su mayoría, los acosadores
eran mandos medios. "Creo que es una razón humana, está ejerciendo el poder que le
dieron y lo ejerce mal. Además como a veces el empleador no está presente se crea una
sensación de impotencia. Falta educación dentro de las empresas", opinó Demarco.
En todas estas situaciones, la dificultad para conseguir un nuevo empleo opera como
factor decisivo para que el acosado escoja soportar el hostigamiento antes de presentar la
renuncia. "Los últimos años estuvieron marcados por la inseguridad laboral. Mientras en
otro contexto la persona podría defenderse o denunciar el acoso, en un contexto de
dificultades de empleo el trabajador no necesariamente se defiende. Porque se pregunta
`¿qué pasa si yo pierdo mi empleo`. Y opera negativamente", dijo Franco.
Pero, dado que los funcionarios estatales son inamovibles, los efectos del mobbing en las
empresas públicas se intensifican. "En el ámbito privado la persona mal o bien escapa.
Pero en el sector público los efectos son peores porque como las personas son
inamovibles se crea una situación de malestar que es muy visible", agregó la abogada
Sotelo.
Probar ante el ministerio una situación de acoso moral no es sencillo para el trabajador.
"El tema de los testigos es difícil porque los propios compañeros de trabajo, que tal vez
estaban presentes en el momento del hecho, pueden negarse a prestar declaración por
temor a perder su puesto de empleo", dijo Demarco. Desde que se realiza la denuncia
ante el ministerio y se llega a una sanción definitiva, pueden pasar entre seis y ocho
meses. Y durante ese tiempo la violencia se sigue padeciendo.
De las denuncias realizadas el año pasado, en cinco las partes llegaron a un acuerdo, en
cuatro el trabajador desistió de la denuncia y otras 14 todavía están en trámite. En caso
de comprobarse la situación de acoso, el empleador puede ser multado con hasta 150
jornales por trabajador involucrado.
Cuando la actuación de la inspección no es suficiente, las partes terminan en un juicio. El
año pasado uno de los casos llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se
derivan las denuncias del ámbito público.
Aunque el acoso moral es una figura jurídica, en Uruguay no existe una legislación
específica que la contemple. Lo que las comisiones de trabajo del Senado y de Diputados
tienen a estudio es un proyecto sobre acoso sexual que, en muchos casos, es un paso
previo al acoso moral. El año pasado la Inspección General de Trabajo recibió una sola
denuncia por acoso sexual.
Por ahora el trabajador puede ampararse a ciertos artículos de la Constitución que son
vulnerados como consecuencia del mobbing. "Hay herramientas diferentes en cada caso.
Pero lo más importante es la prevención, que existan mecanismos dentro de las
empresas que no permitan que este tipo de casos sigan ocurriendo, porque son
extremadamente graves", sostuvo Sotelo.
En este sentido el Pit-Cnt elaboró un protocolo que este año uno de los gremios, la
Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), pondrá en funcionamiento. "Nuestra
intención es encontrar caminos para resolver el problema que sean más rápidos y
efectivos", explicó Hugo Echenique de la comisión de Salud Ocupacional de la central
obrera. Por este protocolo el empleador se compromete a no aplicar sanciones
disciplinarias hacia el empleado mientras se investiga si efectivamente existe el acoso. "Si
en ese ámbito se fracasa siempre queda la solución del ministerio", agregó Echenique.
Por su parte, la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación trabajará
este mes con la Intendencia de Colonia, por ahora la única que tiene un protocolo
específico para acoso moral. La Oficina Nacional de Servicio Civil trabaja desde 2006
para que todas las oficinas estatales tengan un departamento de salud ocupacional. El
avance todavía sigue siendo lento. u
Amparo legal
Los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución son las principales herramientas legales
contra el mobbing. Ellos defienden los derechos al honor y seguridad así como a la
dignidad y a un ambiente adecuado de trabajo comprendidos en convenios
internacionales.
